La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado en la mesa redonda “Barreras y oportunidades para la financiación de los residuos municipales y la implantación de modelos eficientes de recogida”, celebrada en Huelva en el marco del Foro COSITAL (Spora-Hyla). Un encuentro dirigido a los interventores, secretarios y tesoreros  de la Administración local para analizar la implantación de la tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria (PPPNT) de residuos y los instrumentos de financiación del servicio. 

Juan de Dios Cabrera, técnico de la FAMP, ha señalado que las principales barreras para trasladar el coste al generador, considerando a este tanto al ciudadano como al productor de producto que finalmente termina como residuo, es la dificultad de determinar el coste real del servicio y la limitada capacidad de los ayuntamientos de menor tamaño para elaborar la tasa. Es por ello que ha defendido que una financiación estable y una preparación técnica es fundamental para avanzar en la gestión de los residuos. A ello ha añadido la necesidad de informar a la ciudadanía, para que la tasa se perciba como el precio de un servicio necesario que distingue al que separa correctamente del que no.

Cabrera ha detallado que “la tasa no puede suplir lo que corresponde financiar a los SRAP”, ya que si estos no cubren el coste real de la gestión de sus residuos, la diferencia se traslada a la tasa y el ciudadano acaba pagando dos veces: en el precio del producto y en el recibo municipal.

Asimismo, ha recordado que la FAMP ha elaborado, junto con la Universidad de Sevilla, una Guía técnica para la tasa o PPPNT de residuos y ha organizado jornadas de apoyo a los ayuntamientos estando a disposición de los técnicos en su página web. Desde mediados de 2023 la FAMP, junto con la Junta de Andalucía y los sraps, está negociando los convenios marco de los diferentes flujos de residuos para conseguir una financiación justa en la gestión de los residuos, y en particular, de la Fracción Resto y la limpieza viaria, de playas, etc.

En su intervención, el técnico de la FAMP ha hecho hincapié en una brecha entre las obligaciones y las capacidades de los municipios andaluces: ordenanzas implantadas de forma desigual por las entidades locales y que junto a la exigencia de la puesta en marcha de la recogida separada de biorresiduos, está llevando al límite la capacidad de algunas administraciones locales en materia de residuos. Pese a ello, ha considerado alcanzables los objetivos de reciclaje de residuos municipales, siempre que se cumplan tres condiciones, como son, financiación suficiente, estable y plurianual; planificación en la gestión de los residuos a través de los Planes Locales de Economía Circular, y asistencia técnica, en su caso, para que los municipios pequeños puedan cumplir con la normativa.

A la administración estatal le ha reclamado claridad en la elaboración de las normas que tutelan la gestión de los residuos  y a la administración autonómica el carácter finalista del impuesto al vertido para que revierta directamente a las entidades locales, y no tengan que acudir a la tramitación de ayudas y subvenciones como único medio para acceder a la financiación. 

Eficiencia

En materia de eficiencia, ha defendido que no existe un modelo único de recogida y que debe ajustarse a las características de cada municipio, a la vez que ha destacado que la digitalización y las medidas como la identificación de usuarios para el acceso a los contenedores son útiles siempre que vengan acompañadas de otras medidas que las complementen, sin olvidar que la concienciación y sensibilización de los ciudadanos es fundamental para lograr que la intervención de la administración tanto técnica como económica sea lo menor posible. “Si todos separamos correctamente desde el origen no sería necesario buscar opciones complejas que nos obligaran a ello”, incidiendo en que los productores también deben colaborar en poner en el mercado el producto necesario y mejor diseñado para un reciclaje óptimo. 

Preguntado sobre qué circunstancias tendrían que cambiar en los próximos 5 años para que la gestión de los residuos cumpla las expectativas marcadas por la leyes, el responsable de la FAMP ha defendido que sería necesaria una financiación suficiente y no deficitaria y una planificación realista a medio largo plazo que determinara los objetivos y los medios para conseguirlos contando con la coordinación de todos los agentes tanto públicos como privados que intervienen en el sistema.