La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha participado en la mesa de debate “Responsabilidad compartida: de la norma a la acción”, un encuentro organizado por la Confederación de Empresas de Cádiz para dialogar sobre la nueva Ley de Gestión Ambiental (LEGAM), las nuevas exigencias en materia de seguridad ambiental, gestión de residuos y los retos que su puesta en marcha plantea a las entidades locales. 

Juan de Dios Cabrera, técnico responsable de Sostenibilidad de la FAMP, ha recordado que las entidades locales han participado en la elaboración de la norma, pero ha subrayado que ahora hay que estar preparados para poner en práctica  los nuevos procedimientos y competencias. Por ello, las entidades locales necesitan “garantizar los recursos y dotarse de las herramientas necesarias para que la Ley pueda aplicarse con eficacia”. Y para ello ha reclamado “financiación, asistencia técnica y formación dirigida tanto al personal municipal como a los profesionales implicados, con el objetivo de agilizar los procedimientos y estos se ajusten desde el inicio a las nuevas exigencias legales”.

La LEGAM introduce cambios relevantes: un total de 33 actividades que pasan a tramitarse mediante Declaración Responsable con efectos ambientales, lo que supone avanzar desde un modelo basado fundamentalmente en el control previo al inicio de la actividad hacia otro en el que adquiere mayor importancia el control posterior. Sin embargo, el responsable de la FAMP advirtió de nuevo que la Ley “no incorpora una dotación económica específica, algo puede afectar especialmente a los municipios pequeños y medianos, que cuentan con recursos técnicos y humanos más limitados”. 

Durante la mesa se debatió también sobre los retos vinculados a la separación de residuos en origen y la gestión del quinto contenedor (materia orgánica). “Los ayuntamientos están adaptándose a esta nueva realidad dotándose paulatinamente de los medios necesarios para su implantación con los recursos disponibles, por lo que el responsable de FAMP incidió en “la importancia de desarrollar mecanismos que permitan que los costes asociados a la gestión de los residuos tengan una adecuada repercusión sobre todos los que intervienen en la gestión de los residuos, contribuyendo a reforzar la capacidad municipal para una gestión óptima”.

Cabrera defendió además la necesidad de seguir insistiendo en campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía, pero a los productores de residuos sobre la forma y cantidad de productos que ponen en el mercado. Esto es, “un modelo basado en la responsabilidad compartida, entre administraciones, ciudadanía y sector productivo”. Ha concluido destacando que los ayuntamientos “trabajan  para que la gestión de los residuos sea lo más óptima posible para cumplir con los objetivos del reciclaje, pero para ello  necesitan que este proceso se acompañe de una financiación justa y realista con los costes del servicio por lo que ve imprescindible la colaboración público-privada”.

La nueva regulación, que entró en vigor hace poco más de tres meses, se encuentra todavía en una fase inicial de aplicación, por lo que aún es pronto para valorar sus efectos definitivos. La FAMP se mostró a disposición para seguir colaborando con la Junta de Andalucía para facilitar la aplicación de la normativa que “nos permita avanzar hacia un modelo de gestión ambiental más eficiente, coordinado y adaptado a la realidad de los municipios andaluces”.