La secretaria general de Administración Local de la Junta de Andalucía, María Luisa Ceballos; el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez; el director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, Francisco Díaz Latorre; el director del Departamento Jurídico de la FAMP, Juan Manuel Fernández Priego y la presidenta del Consejo General de Cosital, Pilar Ortega, han participado en una mesa redonda que ha abordado la “Inteligencia colectiva (IC) para la mejor Administración Local”, en el marco del  VIII Congreso Andaluz del Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Andalucía (Cosital Andalucía), celebrado los pasados días 2 y 3 de octubre en Jerez de la Frontera (Cádiz).

En el transcurso del Congreso se ha puesto de manifiesto la prioridad de impulsar la digitalización en las administraciones locales para hacerlas más eficaces y ágiles, reforzar la ciberseguridad y promover el uso de la Inteligencia Artificial, respetando el componente humano en la gestión pública con la finalidad de conseguir una mayor simplificación administrativa, planificación estratégica y una mejor eficacia. Todo ello puesto de manifiesto en la mesa redonda donde se ha concretado que el trabajo colectivo y de consenso facilita la implementación de soluciones en beneficio de los servicios públicos locales con la utilización de los métodos de la inteligencia colectiva, donde la participación e interrelación resultan fundamentales para la calidad de las políticas públicas. Extremos que desde las Federaciones de Municipios tanto Española como Andaluza se consideran fundamentales para seguir articulando una Administración Local ajustada al papel que desarrolla en pleno siglo XXII como la más cercana a la ciudadanía.

La inauguración del Congreso contó con la asistencia, entre otras autoridades, de la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; del consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto; de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y de la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca del Pilar Flores. En representación de COSITAL acudieron su presidenta nacional Pilar Ortega Jiménez; el presidente del Consejo Andaluz, Antonio Aragón, y el presidente de Colegio de Cádiz, José Luis López Guío, entre otros.

María José García Pelayo constató la colaboración que se mantiene con Cosital “que se ha convertido en un interlocutor continuo y, sobre todo, muy fiable a la hora de trabajar en las cuestiones que afectan a los ayuntamientos desde el ámbito del control de la legalidad”.

De igual manera, hizo alusión a la conveniencia de acometer la modernización del régimen local de España, recordando que la Ley de Bases de Régimen Local cumple este año su 40 aniversario y que limita, dada su antigüedad, la capacidad de respuesta de los alcaldes a las necesidades actuales de la ciudadanía. Asimismo, recordó la necesidad de “actualizar y redefinir competencias y reducir burocracia en los ayuntamientos sin que ello suponga una merma de la calidad técnica y garantizando el control de la legalidad. Nuestro objetivo es actuar con eficacia, rapidez y seguridad jurídica en los proyectos que los ciudadanos nos demandan”.

 Por su parte, Antonio Aragón, presidente del Consejo Andaluz de COSITAL, destacó que “uno de los principales retos a resolver en Andalucía es la provisión de vacantes, ya que, de los 1.500 puestos reservados, son más de 600 los que no están ocupados por habilitados, lo que perjudica gravemente la seguridad jurídica de las entidades locales y de las administraciones interrelacionadas”.

 Aragón reclamó que una cuestión vertebral para el colectivo “es el mantenimiento del carácter nacional de la profesión, manifestándose en contra de la cesión íntegra de las competencias profesionales a las comunidades autónomas, defendiendo, eso sí, su participación, conforme al vigente marco normativo, pero sin fragmentar el régimen de las funciones reservadas, que ha propiciado un régimen común para la administración local española, fundamental para la igualdad de los derechos en todo el territorio nacional”.