El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha puesto de manifiesto, ante la Comisión Permanente y la Ejecutiva de la Federación reunida en la ciudad califal este jueves que el “impuesto al vertedero tenga un carácter finalista, y revierta en su totalidad y directamente en las corporaciones locales” para que estas puedan afrontar de forma solvente la adaptación de infraestructuras y medios de gestión que exige el concepto de una economía circular y del cumplimiento de objetivos marcados por las normativas.

Bellido ha recordado que  en abril del  2025 deberá estar  actualizada y en vigor la nueva tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria,  que refleje los costes de gestión de los residuos,  por exigencia de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.  En este sentido, ha abundado que “para facilitar la puesta en marcha de esta normativa en los casi los 800 municipios andaluces, la FAMP está elaborando una guía técnica para el desarrollo de la Ordenanza o instrumento jurídico que recoja este arbitrio”.

El aumento en la tasa de recogida de residuos por exigencia europea -que pide que los ciudadanos paguen todo el coste de recoger, transportar y tratar la basura que va al contenedor de restos- es otro de los puntos que preocupan a los alcaldes que han hecho un llamamiento, de manera unánime, para que la recaudación del aumento de esa tasa vuelva a las corporaciones locales. “Si nosotros somos quienes por obligación legal tenemos que poner esa tasa o actualizar y subir los precios de la recogida, queremos que esa recaudación vuelva a los ayuntamientos gestores de residuos para hacer las inversiones necesarias y dejar de depositar en vertederos”, ha argumentado. El cálculo aproximado de esa recaudación entre los municipios de la FAMP gira en torno a los 100 millones de euros. Bellido ha anunciado recordado que desde la FAMP “hemos contratado los servicios de una consultora, que va a hacer el trabajo de recabar los datos y asesorar a la federación en este sentido y, posteriormente, compartiremos los resultados de este estudio cuando esté listo”.

En cuanto a contratos menores, desde la FAMP se ha pedido aumentar el límite, fijado en 15.000 euros para servicios y 50.000 para obras, debido a la inflación. Esta cuantía lleva ya más de diez años sin revisarse. Asimismo, se ha aprobado pedir una inversión equitativa con el resto de España en materia eléctrica para proyectos en territorios de Andalucía, “porque son vitales para generar riqueza y empleos”.

Tarjetas Monedero

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) pedirá al Gobierno de España más recursos para que los ayuntamientos andaluces puedan atender las derivaciones de las tarjetas monedero. Esta iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. Bellido ha matizado que “es un sistema que tiene que mejorar para que no se quede nadie fuera”, al tiempo que “ha exigido más recursos para poder atender un trabajo que ahora está al 100% en los consistorios y que se puede retrasar mientras hay muchas familias con dificultades a la espera de esta ayuda”.

El presidente de la FAMP ha recordado que la entrega de las tarjetas monedero comenzó a finales del mes de julio y es un proceso abierto, que continúa y depende de las derivaciones que va recibiendo la entidad. “Los ayuntamientos se están encargando de hacer un proceso de depuración para ordenar las listas de familias beneficiarias y aquellas que no cumplen con los requisitos”.

El también alcalde de Córdoba ha defendido “la implantación de un sistema mixto: tarjeta monedera y distribución directa de alimentos a través de las entidades tradicionales de reparto”. Del mismo modo, ha reclamado que “se redefinan los destinatarios y no solo se concentre toda la ayuda en familias con menores a su cargo, ya que en Andalucía son más de 280.000 personas las que se quedan sin estos alimentos básicos”.

De igual manera, ha advertido que “en Andalucía esta tarjeta monedera es doblemente excluyente”, ya que además de dejar decenas de personas sin poder acceder a ellas: jubilados con pensión muy bajas, familias con hijos mayores de 18 años, personas migrantes y víctimas de violencia de género”, entre otros colectivos. Y, además, ha afirmado que “8 de cada 10 municipios no disponen de tiendas donde se puedan usar la tarjeta monedero. Solo hay 319 establecimientos en toda Andalucía ubicados en 120 localidades, dejando fuera 665 municipios (el 85%)”.

Todos los puntos abordados por la Permanente y la Ejecutiva de la FAMP han sido aprobados por unanimidad. Estas resoluciones proceden de las 16 comisiones de trabajo donde han participado los ayuntamientos y todos los partidos políticos.