La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha asistido este pasado miércoles al debate final del Proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM) que ha sido aprobado en el Parlamento andaluz. Esta normativa tiene como objetivo modernizar la normativa actual, simplificar trámites administrativos, reducir plazos de evaluación, fomentar la ecoinnovación para impulsar proyectos sostenibles en la región y agilizar la burocracia ambiental.

Sáez ha valorado “muy positivamente” la aprobación de esta Ley que supone “un gran paso medioambiental al adaptarse a las normativas europeas y a un nuevo paradigma de una economía sostenible y circular aplicando métodos de simplificación y agilidad. Una norma que desde la FAMP celebramos porque implicará un desarrollo respetuoso con nuestros recursos naturales en nuestros pueblos y ciudades”.

En este sentido, ha asegurado que la LEGAM se plantea como una “legislación que tiene como objetivo modernizar, simplificar y garantizar una administración ambiental más eficiente, ágil y segura. Con ello, la Junta de Andalucía aspira a responder a los retos del presente y futuros, fortaleciendo los principios de sostenibilidad, eficiencia y corresponsabilidad en la esfera pública y privada”.

De igual manera, la secretaria general de la FAMP ha destacado que entre las novedades destacadas de la LEGAM se encuentra la “creación de un Registro de Participación Ciudadana” en los procedimientos de evaluación y prevención ambiental, asegurando una participación efectiva y transparente de la ciudadanía. Igualmente, “la ley separa el procedimiento de evaluación ambiental de los instrumentos de prevención y publicándolos de forma independiente, lo que simplifica y clarifica los procesos.”

Sáez ha resaltado que la LEGAM “introduce importantes innovaciones”, como la figura de la licencia ambiental de competencia municipal, que sustituye a la calificación ambiental y reduce el plazo de resolución a tres meses. “Esta medida, junto con la disminución de las categorías que requieren licencia ambiental y el aumento de actividades que podrán gestionarse mediante declaraciones responsables, busca reducir la carga administrativa tanto para los ayuntamientos como para las empresas”, apuntó.