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FOTO ALCALDES DE AYUNTAMIENTOS PTERNECIENTES A RED INNPULSO

FAMP y la Red Innpulso sellan un acuerdo para el fomento de la innovación y la ciencia en los municipios andaluces

Alcaldes pertenecientes a la RED INNPULSO junto a la ministra

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha reivindicado en la clausura de la jornada “la revisión de precios de las obras públicas vista por sus protagonistas”, celebrada este miércoles en Sevilla, en la sede de Gaesco, con la asistencia de la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en funciones de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo; el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz y los empresarios del sector que es “urgente articular un paquete de medidas” que permita “desde ya” revisar al alza el precio de los contratos de la obra pública que afecta a las corporaciones locales “ante el temor de su paralización o la quiebra de estas empresas, con el consiguiente aumento del paro en estos momentos tan complejos para la economía que sufrimos por las consecuencias de la inflación, una pandemia que sigue ahí todavía y la guerra en Ucrania”.

Rodríguez Villalobos ha insistido que “desde la FAMP existe una enorme preocupación” en cómo abordarán los ayuntamientos la subida de entre el 10 y 20 por ciento de los materiales. “De hecho, las entidades locales son las mayores licitadoras de la comunidad autónoma”, ha asegurado. En este sentido, recordó que la Federación ya mantuvo una reunión de urgencia, incluso antes de la publicación del Decreto Ley andaluz, con CES, FADECO y GAESCO para analizar la situación de la subida de materiales, y cómo afecta a la obra pública local. “El sector nos transmitió su preocupación por la posible parálisis de la obra pública y las consecuencias económicas y sociales que de ella se derivan”.

El presidente de la FAMP ha argumentado que la medida excepcional adoptada por el Gobierno de España y complementada por el Decreto ley aprobado por la Junta “es justa y necesaria, ya que va a posibilitar un impacto beneficioso para el sector y también para el conjunto de las Administraciones Públicas, incluidos los Ayuntamientos” y espera su pronta convalidación sin perjuicio de la reciente convocatoria electoral. El objetivo de esta medida es claro: evitar la paralización de las obras públicas en marcha, muchas de ellas financiadas mediante los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y sujetas, por tanto, a unos estrictos plazos de ejecución. Rodríguez Villalobos apuntó que desde la FAMP junto a GAESCO, FADECO y CES “ya hemos empezado a trabajar creando una mesa bilateral de trabajo para analizar el decreto autonómico y fijar la hoja de ruta para buscar soluciones a la aplicación de la norma en el ámbito local que favorezca a todas las partes. La primera reunión ya se ha celebrado precisamente ayer martes, 26 de abril, donde se hicieron planteamientos para que los técnicos inicien la búsqueda de soluciones para aplicar con celeridad el Decreto Ley y agilizar la actividad en los territorios de las administraciones locales”, concluyó.  

Por su parte, el gerente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Juan Aguilera, ha restado importancia al informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en el que se cuestiona la constitucionalidad del decreto aprobado por el Gobierno autonómico para revisar de forma excepcional los precios de los contratos de obra pública debido al encarecimiento las materias primas un 25% de media. “Esperamos que la Junta de Andalucía continúe con la tramitación del decreto y, tras la convocatoria de elecciones autonómicas para el 19 de junio, sea ratificado en la Diputación Permanente del Parlamento si no se celebra el Pleno previsto para este miércoles”, ha declarado Aguilera, quien afirma que el informe de la Abogacía de la Junta solo “plantea dudas genéricas sobre la legalidad del decreto pero no incumplimientos”.  

Gaesco ha anunciado que ha pedido a la Junta añadir la revisión de precios que el decreto se ha dejado atrás. “El decreto andaluz incluye en la revisión de precios de obra pública los contratos de mantenimiento de carreteras, pero debería incluir también el mantenimiento de infraestructuras de redes de agua, depuradoras y servicios públicos municipales, como la jardinería. Hay mucha preocupación porque los costes de construcción de las depuradoras se han disparado”, ha denunciado Juan Aguilera.

Por otra parte, la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Teresa Muela Tudela, ha participado en una mesa redonda en la que se ha abordado el papel de las corporaciones locales ante la revisión de precios. Muela ha remarcado que los precios de las materias primas han subido con fuerza en 2021, agravados por el aumento de la inflación. “Esta subida ha repercutido de manera intensa en los contratos de obras”. Por consiguiente, añadió que la “consecuencia es que la ejecución de un número significativo de contratos se haya dificultado notablemente, pues los contratistas han visto cómo se alteraba fuertemente la economía de estos contratos por causa de un incremento extraordinario de ciertos costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar en todo contrato público”.

Muela advirtió que “ante esta difícil situación económica por la que pasaba algunos contratistas, ha conllevado en algunos casos extremos a la paralización de obras y lo que es peor algunas obras en proceso de licitación, cuyas condiciones económicas estaban en proceso de elaboración, han sufrido los avatares de esta subida generalizada de precios, de tal forma que, en algunos casos, los procesos de contratación han quedado desiertos. Por eso, es necesario buscar una solución entre las administraciones públicas y las empresas del sector, una solución razonable que permita la continuación de estos contratos y de los miles de empleos en juego. Y desde la FAMP estamos trabajando en facilitar todo lo posible el procedimiento en el ámbito local”.