Los 778 municipios andaluces piden un gran pacto de Estado por la PAC

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Los 778 municipios andaluces piden un gran pacto de Estado por la PAC

Las corporaciones locales, representadas por la FAMP, consideran “prioritario los 1.700 millones de euros de ayudas de la PAC que en la actualidad reciben 240.000 agricultores y ganaderos andaluces y que ayudan al PIB y a la creación de riqueza y empleo"

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El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha considerado “muy acertada” la declaración institucional que el pasado lunes protagonizaron organizaciones y cooperativas agrarias junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con la finalidad de defender y blindar la Política Agraria Comunitaria (PAC) en el nuevo marco europeo 2012-2027 que actualmente se negocia en Bruselas.

La declaración institucional ha sido respaldada por todas las organizaciones agrarias representativas (Asaja, COAG y UPA) y por la Federación de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, en la que se fija de manera unitaria la posición de todo el sector andaluz ante la Política Agrícola Común (PAC) que se aplicará entre 2021 y 2027 pero cuya negociación ya está en marcha.

El presidente de la FAMP ha destacado que el sector agroalimentario andaluz representa la cuarta parte de la producción agrícola de España y el 30% del valor añadido. Asimismo, el 8% del PIB y el 10% del empleo de Andalucía proceden de este sector.

Rodríguez Villalobos ha reclamado "firmeza" al Gobierno de España en la defensa de los intereses de Andalucía en la reforma de la PAC, porque "no queremos que pase lo que pasó con el anterior reparto, por eso es fundamental un gran pacto de Estado en el que todos estemos unidos defendiendo los intereses de nuestra agricultura y ganadería".

El documento establece las claves de la PAC que Andalucía defiende y necesita para garantizar el desarrollo de la actividad agraria y el mantenimiento del medio rural. La declaración institucional defiende como prioridad contar con "un presupuesto suficiente para una PAC fuerte", sentido en el que se rechaza el recorte del 16% en precios constantes (teniendo en cuenta la inflación) que plantea la Comisión Europea. 

Asimismo, se reclama una simplificación de la Política Agrícola Común, que “debe tener una especial atención a las pequeñas explotaciones, guardando un equilibrio entre la cantidad percibida y las condiciones exigidas". Junto a ello, se apuesta por el mantenimiento del nivel de renta del sector agrario.

En cuanto a las ayudas directas, "deben destinarse a quienes realizan actividad agraria y cumplen con los objetivos de la PAC, tanto a la agricultura profesional como a los agricultores pluriactivos, ya que ambos juegan un papel fundamental en el mantenimiento del mundo rural". También se insta a establecer medidas de apoyo para impulsar como prioridades tanto el relevo generacional como la participación de las mujeres en la actividad agraria.

Además, debe "contribuir a un sistema agroalimentario inteligente, innovador, a facilitar su digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías y a mejorar la formación y el asesoramiento de agricultores y ganaderos.

El documento "el esfuerzo adicional en las regiones especialmente vulnerables al cambio climático, como Andalucía, debe ser compensado", ya que la agricultura y la ganadería son algunas de las actividades más perjudicadas por los efectos adversos de este fenómeno, "pero a la vez forman parte de la solución al problema". Por ello, se hace un llamamiento a que la futura PAC incluya entre sus objetivos la lucha contra la desertificación y la erosión como uno de los problemas que afectan al sur de Europa”

Finalmente, Rodríguez Villalobos ha subrayado que la Política Agrícola Común “juega un papel fundamental para el mantenimiento de la población rural en el campo y la lucha contra el reto del despoblamiento”. Para ello, "la creación y el mantenimiento del empleo agrario deben seguir siendo un elemento esencial en el diseño de la PAC" y es "imprescindible" el mantenimiento de la iniciativa Leader", para así impulsar el desarrollo de un medio rural que "debe poseer un nivel de servicios públicos y privados que lo hagan atractivo para su población".