El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha vuelto a recordar este martes en relación con el Decreto que regula las VTC en Andalucía que “esta norma debería haber pasado por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, que es el órgano en el que se recoge, mediante los informes preceptivos, la posición municipalista en todos aquellos proyectos normativos que afectan a las competencias locales”. En este sentido, ha afeado a la Junta de Andalucía que “la FAMP no haya conocido el borrador del Decreto antes de su aprobación por parte del Consejo de Gobierno, lo que ha supuesto que este se haya aprobado sin el concurso ni la opinión de los ayuntamientos andaluces”.

Por otra parte, en la reunión mantenida entre la Junta, el sector del taxi y la FAMP el día 26 de septiembre, desde el municipalismo se trasladó a la Consejería una serie de propuestas que tampoco han sido recogidas en el texto aprobado, lo que supone que “la convalidación de este en el Pleno del Parlamento que se celebra esta semana se hace, lamentablemente, de espaldas de las corporaciones locales andaluzas”.

Rodríguez Villalobos ha manifestado que “no es de recibo, que los ayuntamientos asuman más competencias y funciones sin que estas vengan acompañadas de los recursos económicos necesarios para poder prestar un servicio de calidad, competencias que, además, son difícilmente ejecutables”.  De igual manera, ha insistido en “la potestad sancionadora no puede recaer exclusivamente en los ayuntamientos, sino que debe ser compartida con la Junta de Andalucía” y ha advertido que “no es una buena noticia que se convalide este Decreto-Ley estableciendo la precontratación por distancias, cuando es aconsejable la precontratación por tiempo, como le trasladamos a la Consejería el pasado día 26 de septiembre”.

Rodríguez Villalobos ha subrayado que “la potestad sancionadora la asuman los ayuntamientos y que la Policía Local lleve a cabo el control del cumplimiento de las distancias, supone un coste extra para las arcas municipales. También sería razonable que la ratio 1/30 se calculara a nivel provincial y no a nivel regional como se ha establecido en el Decreto-Ley”.

Finalmente, ha denunciado que “ninguna de las aportaciones que la FAMP planteó en la reunión celebrada en la víspera de la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno ha sido atendida ni incluida en el texto”. Por lo que ha sugerido que “sería procedente acordar la tramitación de este Decreto-ley como proyecto de ley, de forma que se pueda mejorar la norma, atendiendo las demandas y reivindicaciones de los ayuntamientos y teniendo en cuenta que esta es una materia que afecta de forma importante a las competencias locales”.