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03-01-2022

LA FAMP EN DESACUERDO CON LOS PLANES QUE PREVÉN LA SUPRESIÓN DE LOS JUECES DE PAZ

Un anteproyecto de ley aprobado en abril por el Gobierno deja en el aire la continuidad de la figura histórica de los jueces de paz en los municipios menores de 7.000 habitantes

Los jueces de paz prestan un servicio público muy importante en los municipios más pequeños. De hecho, son numerosos los trámites que realizan, entre los que podemos destacar los siguientes: inscripción de nacimientos, defunciones, matrimonios, certificados de vida, expedición de libros de familia, capitulaciones, cambios de apellido o expedientes de nacionalidad.

Para el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, “no parece muy razonable aprobar planes y medidas para combatir la despoblación y, a su vez, legislar para seguir recortando los servicios públicos precisamente en los municipios más pequeños”.

La supresión de este servicio público podría suponer un fuerte varapalo para pueblos que recientemente han perdido oficinas bancarias, cajeros automáticos y otros servicios similares.

Por ello, el presidente de la FAMP ha solicitado al Gobierno “que se replantee la reforma legislativa en tramitación de forma que se mantenga la figura de los jueces de paz que lleva implantada casi doscientos años en aquellas localidades más pequeñas que no cuentan con juzgado de primera instancia ni de instrucción”.

El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno tendrá una afección notable en Andalucía, teniendo en cuenta que la gran mayoría de municipios de nuestra región son menores de 7.000 habitantes.

La reforma del Código penal de 2015 ya recortó las competencias y funciones de los Juzgados de Paz y, ahora, el nuevo anteproyecto podría acabar definitivamente con esta figura de cercanía y confianza para la ciudadanía.

Para Villalobos “la posible eliminación de los jueces de paz no está justificada desde el punto de vista de la eficacia ni puede responder a una cuestión de ahorro económico, ya que las asignaciones que perciben los jueces de paz no alcanzan los 4.000 euros anuales”, y ha puntualizado que “precisamente, para quienes sí puede suponer un ahorro mantener los jueces de paz y el servicio que prestan, es para los vecinos de estas localidades más pequeñas, que al poder realizar algunos trámites relevantes en su pueblo evitan el tener que desplazarse hasta los juzgados de otras poblaciones, que habitualmente suelen estar localizados en las cabeceras de comarca”.

“Todas las Administraciones debemos contribuir a que los pueblos menores de Andalucía reviertan la situación que vienen padeciendo en los últimos años, en los que se están perdiendo servicios tanto públicos como privados, “obligando a la población a desplazarse para trámites sencillos pero muy importantes a varios kilómetros de distancia, lo que supone una incomodidad en todos los casos y un problema mayúsculo para las personas de mayor edad”, ha concluido.