El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha referido a la propuesta de modificación del impuesto de la plusvalía que estudia Hacienda y ha pedido “la máxima urgencia en su tramitación legislativa para despejar la inseguridad jurídica que sufrimos los ayuntamientos andaluces tras la sentencia del Tribunal Constitucional”

Villalobos ha adelantado que “el Grupo de Sabios” compuesto por técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), están trabajando en un documento que contempla una propuesta de reforma con varias modificaciones. En la primera de ellas, adelantó que “los municipalistas proponemos una fórmula sencilla de aplicar y sería que la plusvalía se transformase en un impuesto a cuenta del IRPF, fijándonos en la capacidad económica del contribuyente”.

La reforma de este impuesto debería ser integral, según el presidente de la FAMP, y debería ser sustituida la base actual por otra nueva que gravase la capacidad económica. Esta base sí que tendría en cuenta el incremento real del valor, como en la declaración del IRPF, por la diferencia entre el valor de transmisión menos el valor de adquisición, extendiendo el incremento al valor de construcción. De esta manera, la cuota del impuesto sería deducible en los impuestos del Estado.

La cuota impositiva de la plusvalía sería deducible y así se evitaría una doble imposición al contribuyente. “Esto implicaría que se gravaría la plusvalía como ya hace el IRPF. Sería la diferencia entre la venta y la compra, la ganancia o pérdida en la venta del terreno y del inmueble ya sea urbano o rústico, y de la construcción. El ayuntamiento se llevaría la parte que estipulase Hacienda y el resto para el Estado y las autonomías.

La otra propuesta que analizan los técnicos de Hacienda y la FEMP, según ha señalado Villalobos, sería una reforma en la que se gravarían las plusvalías de menos de un año. Para ello habría que modificar la base imponible para incluir los coeficientes de variación del mercado inmobiliario del suelo por año y municipio, manteniendo la referencia al Valor Catastral. Estos índices deberían ser elaborados por el Catastro y se actualizarían en los Presupuestos Generales del Estado.

El presidente de la FAMP ha puntualizado que la “plusvalía es una fuente de ingresos municipales que, sólo en el año 2015, permitió a los 8.122 municipios españoles ingresar 2.675 millones de euros – casi un 13% de los impuestos directos que recaudaron las entidades locales. En Andalucía, este impuesto, dejó ese mismo año 267 millones en las arcas locales. Cifra que permite que este gravamen suponga el 9,6% de la totalidad de las figuras impositivas que aplican directamente los ayuntamientos a sus vecinos, por lo que “retirar las plusvalías significaría detraer uno de cada diez euros de los ingresos propios que gestionan y recaudan los ayuntamientos; una importante partida que sirve para ofrecer servicios de calidad a los vecinos”, apuntó Villalobos.

El presidente de la FAMP también ha adelantado que el informedel grupo de sabios, integrado por cinco expertos del Gobierno y otros cinco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reivindica la continuidad de las diputaciones, a las que atribuye "un papel fundamental" en la estructura territorial del Estado. Es por ello, que la comisión propone que las instituciones provinciales tengan un "marco competencial claro y transparente" que pasa -según recoge el documento- por el "apoyo a municipios de menos de 20.000 habitantes", el 95% del total en España.