Laboratorios participativos

lab-eficienciaenergetica
lab-europa2020
linea estratégica 3 - 09-07-2020

Las Comisiones de Sostenibilidad y Promoción de la FAMP aprueban sus propuestas de acción local para la recuperación socioeconómica de Andalucía en tiempos del Covid-19

La seis Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias de la línea 3: Sostenibilidad y Promoción se han reunido hoy jueves telemáticamente para validar las propuestas que el “Ecosistema Local” ha desarrollado entre abril y mayo, en pleno estado de alarma con la finalidad de aportar una serie de estrategias que ayuden a la reactivación de la economía de los municipios andaluces tras la pandemia. En un ejercicio de cooperación y colaboración se han sumado las propuestas lanzadas por quienes forman parte de las Comisiones de Trabajo y por el “Mapa de Actores Claves” que la FAMP ha creado.

La FAMP pretende aprovechar la crisis provocada por el covid-19 y convertirla en una oportunidad, apostando para ello por un nuevo modelo respetuoso con los recursos naturales, potenciando la economía circular y apoyando a los productores locales y comerciantes, valorizando la labor de los cuidados, la igualdad de género, la eficiencia energética, las renovables y el uso de  las nuevas tecnologías.

De igual manera, se reconoce la oportunidad de utilizar la infraestructura como palanca para la recuperación económica que debería basarse en el concepto de la “QUÍNTUPLE HÉLICE”. Un espacio que debería incorporar a las administraciones públicas, ciudadanía y a espacios de conocimiento.

Esta mañana, las presidencias y vicepresidencias de las Comisiones de Desarrollo Económico; Consumo y Comercio; Urbanismo y Vivienda; Movilidad y Accesibilidad, Transporte e Infraestructuras; Medio Ambiente y Desarrollo Rural y Pesca; y Turismo y Empleo,  han defendido sus propuestas y aportaciones.

El alcalde de Porcuna (Jaén) y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la FAMP, Miguel Moreno, ha recordado las dificultades de la Administración local para dar respuesta a las nuevas necesidades como consecuencia de la pandemia. “La inexperiencia en el teletrabajo, la falta de herramientas digitales y de conectividad, la escasa tecnología y equipos preparados, la falta de experiencia y de inversión en I+D+I han sido nuestras debilidades”.

La Comisión ha presentado un paquete de propuestas que enriquecen el documento estratégico. Entre ellas, proteger y mimar a las Pymes y autónomos, base de la economía local. Fomentar el desarrollo tecnológico y el uso de las TICs como herramienta que permita el distanciamiento social y garantice la salud y seguridad de las personas. Y un apoyo decidido a la economía circular que permita el acceso a los recursos, evite desplazamientos innecesarios, genere economías de escala y disminuya la dependencia energética.

El alcalde de Cádiz y presidente de la Comisión de Consumo y Comercio, José María González, ha denunciado que “el consumo se centra mayoritariamente en grandes superficies y de esta manera, el pequeño comercio de la ciudad tiende a desaparecer”. González ha advertido sobre la dura competencia del comercio local con las plataformas de venta online, grandes cadenas comerciales y los grupos de distribución. En el ámbito rural la situación empeora por la tendencia a concentrar población y servicios en capitales de provincia y ciudades con elevado número de habitantes y esto se ha agudizado con la pandemia”.

“Para revertir esta situación deberíamos revitalizar el tejido económico y social de nuestros municipios promoviendo la producción y el consumo de productos locales y de Km 0, comprar en mercados de abastos, tiendas de proximidad, grupos de consumo y compra directa al productor. Sobre todo, en sector agroalimentario y otros sectores que generen riqueza y empleo como la marroquinería y la agroalimentación”.

“Estos sectores precisan planes específicos dotados de recursos para su modernización incluyendo la introducción de nuevas tecnologías en los procesos de producción, incremento de la eficiencia y la sostenibilidad ambiental o la  adopción de estrategias de venta online”, ha concluido.

La concejala del Ayuntamiento de Marbella y vicepresidenta de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FAMP, Isabel Pérez Ortiz, ha animado a relanzar la obra pública ya prevista con anterioridad al covid-19, desarrollando las normativas urbanísticas (PGOU) de los municipios para reactivar el sector de la construcción y, sobre todo, para evitar ilegalidades teniendo un marco jurídico estable que proporcione garantías a la administración local y a los constructores. De igual manera, ha planteado la necesidad de promover la construcción de viviendas en régimen de venta y a precio tasado o promoviendo en régimen de alquiler de tal manera que “los ayuntamientos aporten su suelo dotacional (uso alojamiento comunitario) y la empresa privada ejecute el inmueble determinado (residencias de ancianos, infantiles, de estudiantes, así como las instalaciones anejas complementarias) y el ayuntamiento reciba viviendas por esa aportación, bajo la condición de que la empresa privada también destine sus viviendas al régimen de alquiler previsto”.

Pérez Ortiz ha considerado “necesario un replanteamiento de la vivienda para frenar la tendencia a producir espacios domésticos cada vez más limitados”, así como reafirmar la necesidad de vínculos directos entre la vivienda y el espacio público y comunitario en función de la tipología de familias y usos.  “La implementación de políticas públicas que pueden apoyar la rehabilitación del parque de vivienda existente es complicada, por sus elevados costes y por la inversión necesaria, pero merece un debate serio y riguroso. Es interesante reformular también la función de espacios comunes, como las azoteas y, por qué no, la obligatoriedad de balcones porque hemos descubierto su utilidad en este largo período de confinamiento”, ha afirmado.

Finalmente, se ha referido a las EDUSI valorando su aportación al desarrollo urbano sostenible, eficiente e integrado de las ciudades andaluzas. “Su gestión y eficacia para adelantar tiempos contribuirá al desarrollo económico local y a las acciones de integración social. Y mucho mejor si se trabaja en red desde la RACEDUSI de la FAMP para compartir, capitalizar y transferir experiencias ya que son muy útiles y necesarias”, ha concluido.

El alcalde de Antequera y presidente de la Comisión de Movilidad y Accesibilidad, Transporte e Infraestructuras de la FAMP, Manolo Barón, se ha referido a las consecuencias de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19 y a la restricción de la movilidad para impedir los contagios, lo que redujo el volumen de pasajeros en el transporte público y privado. Según Barón esta situación ha provocado un aumento significativo del comercio on-line que ha precisado del transporte de mercancías por carreteras y de última milla para dar servicios a la alta demanda del sector. “La tendencia de la compra a distancia apunta a consolidación de este sector, lo que implica una oportunidad para los productores locales para incluirse en esta forma de comercio e impulsar sus ventas en un mercado de carácter global”.

Barón ha expuesto que en la movilidad intermunicipal del transporte “urge que se coordinen todos los agentes implicados, administración pública, empresas del sector y ciudadanía para disponer de herramientas tecnológicas que permitan conocer la disponibilidad de cualquier transporte público, así como la concertación de reservas.  Los ayuntamientos propiciarán la implantación de grandes zonas de aparcamientos en los extrarradios de las ciudades, concertados con el transporte público que permitan los desplazamientos internos por la ciudad, facilitando la movilidad.

También se ha referido a los vehículos eléctricos que deberían ya empezar a contar con parques energéticos limpios en los municipios para la recarga de los vehículos públicos y privados, potenciando así el autoabastecimiento en las localidades y el fomento de nuevos yacimientos de empleo. Finalmente, ha considerado que “en el centro de las ciudades se hace necesaria una progresiva planificación para la restricción a la movilidad motorizada y la movilidad unidireccional del tráfico, acomodando aceras más anchas para peatones, con sentidos en las aceras o puentes peatonales para que las personas puedan circular con flujos separados y el uso de la bicicleta con el fin de conseguir ciudades mas saludables y habitables”, ha remarcado.

El alcalde de la localidad jiennense de Marmolejo y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Pesca de la FAMP, Manuel Lozano Garrido, ha apostado por el reto digital que permitirá acercar la administración electrónica a la ciudadanía, potenciando el teletrabajo. Así como por el desarrollo energético sostenible con acciones como la movilidad eléctrica sostenible o la rehabilitación energética de edificios e Instalaciones. “Para ello es necesario una serie de planes de fomento de empleo ligados a la economía verde, con la mirada puesta en jóvenes desempleados”, ha esgrimido.

De igual manera, ha incidido en la “creación de una fiscalidad verde” en el ámbito municipal que tenga en cuenta una transición justa, fomentando una cultura emprendedora, una economía circular y la transformación digital, con la consiguiente adaptación de ordenanzas municipales, requisitos regulatorios, incentivos fiscales y  otras iniciativas de promoción. Finalmente, ha expuesto que es “imprescindible reducir la brecha digital en el medio rural y ofrecer, desde los ayuntamientos, un servicio de información y asesoramiento permanente al consumidor energético para atajar la pobreza energética en los grupos más desfavorecidos”.

Finalmente, el alcalde de Alcaracejos (Córdoba) y vicepresidente de la Comisión de Turismo y Empleo de la FAMP, José Luis Cabrera Romero, se ha referido al sector turístico como el tractor de la economía andaluza siendo uno de los sectores más afectados por la pandemia. “Para reactivarlo es imprescindible diseñar un plan especial estatal coordinado con las administraciones autonómicas y locales para la protección del empleo y de las empresas del sector turístico que incluyan medidas como prorrogar los ERTES por fuerza mayor con bonificación en cuotas empresariales a la seguridad social. Así como establecer una protección reforzada para los trabajadores fijos discontinuos del sector turístico bonificando  el 100% de la cuota empresarial; y crear incentivos fiscales especiales dirigidos a las empresas y autónomos que mantengan puestos de trabajo”.

En este sentido, Cabrera ha expuesto la necesidad de implementar medidas financieras beneficiosas para el sector turístico como establecer un período de carencia de 12 meses generalizado para préstamos hipotecarios y otros instrumentos financieros que afecten a empresas turísticas; agilizar licencias de obra para remodelación de establecimientos hoteleros permitiendo aplazar el pago y disminuir las tasas que se deriven y la promoción de ayudas económicas o microcréditos para autónomos y pymes.

De igual manera, ha recordado que es “prioritario permitir el uso del superávit financiero municipal del ejercicio de 2019 no sólo con carácter finalista, es decir para gastos derivados de la atención social, sino para cualquier gasto o inversión en el sector turístico para superar la crisis”.

En estos momentos, ha recordado “es importante impulsar una gobernanza turística basada en la cooperación y la coordinación entre todas administraciones públicas para que el destino local, provincial, autonómico, y también el destino España en su conjunto, sean seguros y atractivos, transmitiendo confianza al exterior”. Finalmente, ha apoyado al turismo rural para impulsar la actividad económica de los municipios del interior.