Los Órganos de Gobierno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presididos por Fernando Rodríguez Villalobos, han acordado pedir a la Junta de Andalucía los recursos y la financiación necesarios para la apertura del nuevo curso escolar 2020-2021, ya que las autoridades regionales dejan en manos de las alcaldías y las direcciones de los centros educativos la responsabilidad de adoptar las medidas recomendadas por la Junta para minimizar los contagios por el Covid-19.  En aras a un inicio del curso escolar con las mayores garantías sanitarias, se hace imprescindible que la Junta asuma sus competencias. 

Villalobos haciéndose eco de la petición expresa de alcaldes y alcaldesas ha solicitado una reunión al consejero de Educación  y Deporte de la Junta de Andalucía para darle traslado de la preocupación de los ayuntamientos, “confiando en que el espíritu de cooperación interinstitucional prevalezca para ofrecer soluciones”.

La Consejería de Salud y Familia publicó recientemente las “Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. Covid 19. Centros y Servicios Educativos Docentes (No Universitarios) de Andalucía” que plantea como objetivo establecer una serie de medidas y recomendaciones de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud que sirvan para planificar en los centros educativos no universitarios actuaciones con el fin de eliminar, reducir y limitar las posibilidades de transmisión del covid-19

Este documento prevé la elaboración de un plan específico del centro educativo en el que deben contemplarse medidas de prevención personal, medidas para la limitación de contactos, y medidas de higiene relativas a locales y espacios.

Villalobos ha apuntado que la participación de los Ayuntamientos en este ámbito se centra en las labores de limpieza de centros, competencia que tienen asignada de ordinario por la legislación educativa vigente. “Sin embargo, no puede olvidarse que estas tareas aumentan de forma exponencial y excepcional por motivos de salud pública, competencia propia de la Comunidad Autónoma y rebasan la prestación ordinaria de este servicio multiplicando su coste, que no se ha previsto cubrir por la Junta de Andalucía y no puede considerarse incluido en la financiación extraordinaria que se previó en los Decretos-leyes que han creado los Programas de colaboración financiera específica extraordinaria para municipios y Entidades Locales. “Estos sobrecostes deberían ser asumidos por la Junta de Andalucía, bien por la Consejería de Educación o la Consejería de Salud y Familia. Todo ello enmarcado en la oferta de colaboración de los gobiernos locales a través de convenios u otros instrumentos jurídicos previstos por las leyes para articular esta financiación”, ha remarcado.

El presidente de la FAMP ha afirmado que “nos encontramos en una situación excepcional donde se han dictado unas recomendaciones extraordinarias” de carácter sanitario desde la Consejería de Salud que exceden del ámbito de la normalidad y requieren un reforzamiento de tareas de limpieza, complementando la ordinaria con mayor frecuencia y sin previsión de dotación adecuada. “Este esfuerzo excede el ámbito obligacional de los gobiernos locales para atender sus competencias propias, lo que exige una financiación adecuada y más recursos”.

Villalobos ha subrayado que, desde la Junta de Andalucía, y ante el inicio del curso escolar, también “se ha instado a los ayuntamientos a asumir tareas de limpieza y desinfección que entran de lleno en el ámbito de garantía sanitaria y exceden de las meras tareas de limpieza”, extendiéndose el documento de la Junta a un listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar; así como la frecuencia, los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección, los productos químicos, limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas; y finalmente, la dosificación,  el modo de uso y los plazos de seguridad. Todo ello, ha puntualizado, “sin  dotación alguna de recursos siendo una competencia totalmente ajena a los municipios”.

También ha insistido en que “los ayuntamientos ofrecen plena colaboración, pero es imprescindible que la Junta arbitre los recursos para que sus competencias sean desarrolladas por los gobiernos locales”. De igual manera, ha abundado que entre las medidas exigidas por la Junta “se echa de menos alguna destinada a la reducción de ratio del alumnado, de tal manera que permitiese aumentar la distancia personal en las aulas” por lo que, desde la FAMP “se insta a la Consejería de Educación y Deporte a que elabore unos planes que permitan cuantificar estas ratios y el cumplimiento de las medidas de distancia social”.

Finalmente, el presidente de la FAMP ha reiterado el ofrecimiento de “plena colaboración para la planificación conjunta entre la Junta y la federación de la reapertura y reactivación de los centros de enseñanza, buscando fórmulas que establezcan una mayor coordinación interadministrativa y una adecuada financiación extraordinaria” para los ayuntamientos por los gastos excepcionales ocasionados por el covid-19.