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24-09-2020 (2)

La FAMP reivindica el protagonismo de los ayuntamientos en la gestión de los servicios sociales en Andalucía

Fernando Rodríguez Villalobos: “con la nueva medida, las Entidades Locales pasan a desempeñar un papel secundario en el Sistema de Dependencia”

El presidente de Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha manifestado hoy  “su contrariedad ante la medida adoptada por el Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la modificación exprés realizada en torno a la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y con ella al propio Sistema Público de Servicios Sociales en la región andaluza y al Sistema de Dependencia”.

“No es el momento de una reforma de este calado sin consenso y por Decreto-Ley” señala Villalobos, quien ha recordado que ya hubo una anterior reforma exprés que le tocó a los sistemas de información previstos en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, “una Ley que tuvo un amplio debate y consenso en 2016 y que ahora afecta de manera particular al Sistema de Dependencia en Andalucía”.

Villalobos ha manifestado que “desde la FAMP no estamos de acuerdo con esta reforma que elimina de un plumazo la participación que han mantenido hasta ahora los ayuntamientos en el Sistema de Dependencia desde 2007, al tiempo que deja en un limbo cuestiones tan esenciales como quién actuará como puerta de entrada de la información y las solicitudes al Sistema de Andalucía, o quién y dónde se realizará la elaboración de los Programas Individuales de Atención (PIA), asesorando y proponiendo a los beneficiarios sobre los recursos de la Ley más adecuados a sus circunstancias personales y familiares”.

En este sentido, ha abundado que la medida adoptada por la Junta de Andalucía, supone para las entidades locales un serio problema ya que la falta de financiación adecuada, suficiente y estable, se convierte en el principal y verdadero problema del Sistema, haciendo que los más de 64.000 dependientes esperen esta prestación sin tener una respuesta inmediata del Sistema y queden en un limbo de “pendiente de validación y disponibilidad”.

Por último, ha subrayado que “hacer una reforma de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía de este calado, sin el conocimiento previo y participación de los ayuntamientos, no es de recibo porque relega de esta manera a las corporaciones locales, implicadas activamente en esta cuestión desde 2006”.