Formación

12-03-2020 COVID-19

Villalobos solicita a Moreno que sean los ayuntamientos quienes gestionen la renta mínima vital, la tarjeta monedero y el plan de empleo para asegurar la seguridad de playas y piscinas públicas

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha solicitado este martes una reunión urgente al  presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que “aclare las competencias”  que afectan a los ayuntamientos en materia de renta mínima, la tarjeta monedero y el plan de empleo de 3.000 desempleados para asegurar la seguridad de playas, piscinas públicas y turistas este verano.

La carta recoge la inquietud de numerosos alcaldes y alcaldesas que muestran su preocupación  por las actuaciones que “desde las distintas administraciones publicas deben realizarse desde la máxima coordinación para poner en marcha medidas que permitan salir cuánto antes de esta crisis sanitaria y las duras consecuencias socioeconómicas que ya está produciendo y se van a recrudecer en fechas próximas en nuestro territorio, afectando intensamente a la economía y el empleo en general, y especialmente al sector del turismo”.

Villalobos ha considerado que es “urgente revisar la actuación coordinada y respetuosa del ámbito de competencias de cada Administración”, en cuanto a la adaptación y uso de recursos públicos como prestaciones derivadas del sistema público de servicios sociales establecido por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía para atender las necesidades extraordinarias que una importante parte de la ciudadanía esta sufriendo por las consecuencias económicas de esta pandemia. 

En este sentido, ha advertido que considera “muy urgente poder consensuar las formulas que permitan coordinar conforme a ley todas las ayudas previstas por desde lo público, buscando una gobernanza conjunta y respetuosa con la autonomía y competencias locales” en prestaciones como la concreción de la gestión local de recursos extraordinarios que provengan de la Administración estatal, como el Ingreso Mínimo Vital o de la Junta de Andalucía como el Programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19  buscando una fórmula adecuada de intervención del voluntariado del Tercer Sector”.

La Tarjeta monedero que la Junta ha decidido encomendar a las ONGs en vez de las corporaciones locales, el plan de Empleo de 3.000 personas desempleadas para la campaña estival que deben garantizar la seguridad de bañistas y turistas en los municipios costeros y  la renta mínima vital  son los tres problemas que más preocupan a alcaldes y alcaldesas, según ha señalado el presidente de la FAMP.

Villalobos ha asegurado que “es un acierto que el ingreso mínimo vital, que beneficiará a miles de familias, se pudiera gestionar por las corporaciones locales. Un gesto por parte del Gobierno central, en pro de la autonomía local y de la solvencia municipal.  Ahora bien, no es lógico que Moreno Bonilla pida que sea la Junta de Andalucía quién se encargue de ello ya que está  infravalorando y despreciando al municipalismo y la gestión local", ha remarcado.

De igual manera, ha abundado que es un acierto que sean las entidades locales, las administraciones más cercanas, las que se encarguen de distribuir el ingreso mínimo vital. “Este gesto demuestra el respeto del Gobierno central de la autonomía local y el reconocimiento a la solvencia que tienen los ayuntamientos en la gestión de la emergencia sanitaria, como aliados estratégicos y fundamentales".

Villalobos  “no comparte ni acepta” la petición del presidente Moreno Bonilla al pedir que sean las Comunidades Autónomas quienes piloten y distribuyan la renta mínima, en detrimento de los ayuntamientos. "No entiendo esta petición del presidente de la Junta, no la creo conveniente, e infravalora  a las entidades locales. Es más, la Junta de Andalucía debería haber hecho lo mismo con la gestión de la tarjeta monedero  y no gestionarla a espaldas de los ayuntamientos y de los servicios sociales comunitarios. No tiene ningún sentido, y se ha demostrado que ha sido una fórmula totalmente desacertada", ha  concluido.