Formación

30052019

Villalobos recuerda que las corporaciones locales andaluzas cuentan con herramientas para evitar desahucios

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) quiere tramitar un convenio con los colegios de procuradores para que los ayuntamientos de toda España dispongan con antelación de información que les permita actuar frente a los desahucios.

Abel Caballero ha explicado que ya tienen un borrador del convenio, el cual será estudiado en la FEMP, y que tratarán de terminar de redactarlo cuanto antes para que todos los ayuntamientos del país dispongan de información y tiempo suficientes para evitar desahucios a personas en riesgo de exclusión social.

Por otra parte, el presidente  de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez Villalobos, ha recordado hoy, que la FAMP, la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmaron en marzo de 2016 un convenio, actualmente prorrogado, que permite a los jueces que detecten riego de exclusión social en ejecuciones hipotecarias o desahucios recabar información para adoptar medidas paliativas, como la de suspensión del lanzamiento de conformidad con las leyes procesales.

El convenio incluye un protocolo de actuación que, en situaciones de ejecución hipotecaria, se inicia con la información sobre el Código de Buenas Prácticas Bancarias para que los afectados puedan dirigirse a la entidad acreedora y proponerle las medidas que considere oportunas o formular alegaciones.

Una importante medida es facilitar el acceso a los programas de servicios sociales, que ayuda a la pronta detección por el órgano judicial de una posible situación de vulnerabilidad que aconseje dar traslado a la Junta de Andalucía, así como a los servicios sociales de los ayuntamientos andaluces.

La FAMP se comprometió - con la firma de este convenio-  a promover la adhesión de las entidades locales, para facilitar al CGPJ toda la información sobre servicios sociales municipales y a promover entre sus asociados respuestas ágiles a las solicitudes remitidas por los juzgados.

 

Ayuntamientos adheridos

Hasta la fecha hay 73 ayuntamientos adheridos a este convenio. Níjar de Almería. De la provincia de Cádiz, 18 ayuntamientos: Algeciras, Alcalá de los Gazules, Benalup, Bornos, El Bosque, Chiclana de la Frontera, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Puerto Serrano, Olvera, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, San Roque, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Villamartín.

12 municipios de la provincia de Córdoba: Almedinilla, Cabra, La Carlota, Doña Mencía, Hornachuelos, Fernán Núñez, Lucena, Posadas, Priego de Córdoba, Puente Genil, Villafranca de Córdoba y Villanueva de Córdoba.

5 ayuntamientos de la provincia de Granada: Cenes de la Vega, Jete, Monachil, Peligros y Valderrubio.  También 5 ayuntamientos de la provincia de Huelva: Almonte, Bollullos Par del Condado, Calañas, Santa Bárbara de Casa y Villanueva de los Castillejos. Por la provincia de Jaén hay sólo dos ayuntamientos: Jaén y Villanueva del Arzobispo.

En la provincia de Málaga han suscrito este convenio  6 ayuntamientos: Alhaurín el Grande, Fuengirola, Fuente de Piedra, Málaga, Ronda y Torremolinos.

Finalmente, en la provincia de Sevilla son 24 ayuntamientos los que han suscrito, hasta la fecha, este convenio: Aguadulce, Alcalá de Guadaíra, La Algaba, Arahal, Las Cabezas de San Juan, Casariche, Castilleja de la Cuesta, Écija, Espartinas, La Luisiana, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Los Molares, Peñaflor, Pruna, Puebla del Río, El Ronquillo, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santipone, Sevilla, Umbrete, Villamanrique de la Condesa y Villaverde del Río.