Villalobos insiste que la nueva orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio ¿debe atender las demandas de profesionales y corporaciones locales¿

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04-02-2021

Villalobos insiste que la nueva orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio “debe atender las demandas de profesionales y corporaciones locales”

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha reiterado este jueves que la esperada nueva orden reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) “debe atender las demandas que vienen reiterando los profesionales, ayuntamientos y diputaciones de Andalucía”.

Villalobos ha recordado que desde la FAMP “se trabaja intensamente para conseguir una actualización de la Orden que responda a las urgentes necesidades de mejora del SAD, y han de recogerse en una nueva Orden que avance respecto a la aún vigente de 2007. En junio de 2020, y fruto de un estudio técnico de un preborrador de Orden fechado a mayo de 2020, facilitado por la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, donde colaboraron profesionales expertos de 17 Entidades locales (7 diputaciones y 10 ayuntamientos), “se trasladó a la Consejería un documento con una batería de propuestas y enmiendas para conseguir un proyecto lo más consensuado, respetuoso con la distribución competencial y adecuado a Ley, a efectos de urgir su tramitación para actualizar la regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio”.

También ha reiterado que “esta iniciativa respondía a las reivindicaciones realizadas por el municipalismo andaluz desde antes de la pandemia para buscar soluciones urgentes ya que las Administraciones que han de financiar el coste íntegro de la gestión del SAD, como prestación de la Ley de Dependencia, son el Estado y las Comunidades Autónomas.

Villalobos ha destacado que “es imprescindible acabar con la situación de que una parte importante de esa financiación siga siendo asumida -indebidamente por no corresponderles- por ayuntamientos y diputaciones, pues de otra forma sería imposible seguir dando este servicio tan importante a la población más sensible y necesitada; y evitar, por otra parte, el desarraigo domiciliario de miles de dependientes que precisan ser atendidos para mantenerse en sus casas”.

En este sentido, ha incidido que tras la reunión mantenida entre la Comisión Permanente de la FAMP y la consejera Rocío Ruiz el pasado 27 de enero, donde se analizó el estado de situación del SAD, se ha podido conocer el último borrador de la Orden. “Si bien tras una revisión preliminar del mismo, se constata que lamentablemente no se han considerado muchas de las propuestas que desde el municipalismo se consideran imprescindibles para incluirlos en la futura Orden y pueda resolver todas las necesidades que tiene el SAD, cosa que espera poder conseguir a través del informe preceptivo del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales (CAGL), que se espera sea solicitado por la Junta de Andalucía en breve”.

Para el presidente de la FAMP “es urgente una mayor financiación” para cubrir en su integridad los costes reales del servicio, actualizando el precio de referencia del coste hora, que fijado en 13 euros no se revisa desde hace más de 10 años. Villalobos ha subrayado que “se propuso actualizar esa cuantía considerando estándares de calidad de condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras conforme al último Convenio estatal del sector, así como cubrir los demás costes derivados para prestar un servicio de calidad. Todo ello conforme a un estudio económico financiero como Anexo de la Orden y revisado anualmente por la Consejería, que garantizase el ajuste de precio en los procedimientos de contratación del servicio, extremos que no se han atendido”, ha advertido.

El nuevo borrador de Orden recoge la cuantía ya anunciada por la Consejería de 14,60 euros/hora. Precio que según han comunicado la patronal y sindicatos a la FAMP es insuficiente, y han solicitado un plan estable trianual (2021-2023) con una subida de 16, 17 y 18 euros por año, revisable para siguientes periodos.

 

Financiación íntegra

Villalobos ha subrayado que la propia Orden en su artículo 23 reconoce, por imperativo legal y con claridad que el SAD prescrito como prestación a persona dependiente “ha de ser financiado por el Estado, la Junta de Andalucía y en su caso, con aportaciones de copago del usuario. Así es como se fija en la Ley de Dependencia, y por tanto, desde el municipalismo estamos disconformes con la nueva fórmula que pretende introducir la Orden de incluir en la financiación posibles aportaciones que las entidades locales puedan realizar”. En este sentido, ha abundado que en este asunto se pidió expresamente que se eliminara pues “las corporaciones locales no deben soportar ningún coste de financiación de esta prestación de dependencia, debe eliminarse por no ser conforme a Ley”, ha puntualizado.

Además, en cuanto a la financiación de “costes extras” de gestión de las entidades locales, aparte de ajustar el coste hora, “la FAMP solicitó un incremento del coste máximo del servicio de un 3% (y hasta un 3% adicional para casos de dispersión geográfica) para atender al sobrecoste de gestión que supone la nueva regulación del SAD a las corporaciones locales en tareas de coordinación, seguimiento, supervisión, evaluación; y tampoco se nos ha atendido”, según Villalobos.

En cuanto a la mejoras de calidad del servicio y de condiciones de la prestación por personas trabajadoras, Villalobos ha asegurado que “se han realizado muchas aportaciones para mejorar las condiciones de prestación del servicio” tanto para usuarios como trabajadores, aportaciones formuladas desde la experiencia de cuatro décadas de los Servicios Sociales comunitarios”.

Finalmente, ha recordado que, desde la FAMP, “se hicieron otras matizaciones para mejoras procedimentales con el fin de conseguir un mejor ajuste a la autonomía local que tampoco se han considerado”, aunque ha matizado que “aún se está a tiempo de conseguir una regulación consensuada y acorde a Ley, porque estamos seguros que desde la Consejería se atenderán estas cuestiones para lograr un mejor servicio con más calidad, estabilidad y con buenas condiciones para las personas usuarias y trabajadoras, objetivo que perseguimos todas las Administraciones Públicas”, ha concluido.