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La Permanente de la FAMP aprueba el manifiesto por la Seguridad Jurídica del Planeamiento Territorial y Urbanístico

La Permanente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en la reunión presidida por su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, celebrada este pasado jueves, aprobó trasladar a la Comisión Ejecutiva de la Federación la adhesión al manifiesto por la Seguridad Jurídica del Planeamiento Territorial y Urbanístico acordado en el “Encuentro Autonómico Xacobeo 21-22 por un Urbanismo responsable”, celebrado los días 24 y 25 de marzo en Santiago de Compostela.

Rodríguez Villalobos recordó que las autoridades competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de las diferentes Comunidades Autónomas, reunidas en este encuentro, confirmaron su adhesión al principio de seguridad jurídica, igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo y el principio de desarrollo sostenible, racional, productivo y eficiente del territorio.

El presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla ha reiterado la “necesidad de dotar de seguridad jurídica a esta materia, ante las reiteradas declaraciones de nulidad radical del planeamiento territorial y urbanístico en sede judicial a causa de vicios formales”. De igual manera señaló que “la normativa territorial y urbanística es una materia que se está volviendo insegura y frágil, dada la complejidad técnica, jurídica, social, política y económica que está detrás de cada norma. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sostiene que la nulidad del planeamiento, aunque sea por vicios formales, no admite subsanación, lo que exige comenzar de nuevo la tramitación desde el principio. Hay que buscar la forma de alterar este modelo actual”.

Para Rodríguez Villalobos, el modelo actual “provoca incertidumbre e inseguridad, las actuaciones urbanísticas se ven cuestionadas, las relaciones jurídicas generadas durante años respaldadas por un planeamiento resultan amenazadas, así como las inversiones y proyectos de futuro de los municipios quedan en numerosas ocasiones paralizadas”.

Finalmente, subrayó que “España necesita una respuesta rápida y eficaz” para dar respuesta a la insana conflictividad que la actividad urbanística genera. “Existe la necesidad de impulsar una reforma de la legislación estatal” que evite la nulidad radical de los PGOU cuando incurran en vicios de procedimiento fácilmente subsanables, avanzando hacia la consolidación del principio de conservación de los planes y de subsanación de los vicios y para ello “sería conveniente la simplificación de procedimientos. Para ello sería conveniente que las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno centralizasen la solicitud de todos los informes sectoriales preceptivos de competencia estatal en un único acto y plazo limitado, transcurrido el cual la no emisión de informe no impida la aprobación definitiva del planeamiento para evitar conflictos urbanísticos como Valdecasas, en Extremadura”, concluyó.