Formación

REUNION FAMP&CES&FADECO&GAESCO

La FAMP recibe con satisfacción el decreto aprobado por la Junta para la revisión de precios en contratos públicos, aunque este llega con retraso

13/04/2022

Desde la Federación Andaluza hay 'preocupación' en cómo abordarán las EELL la subida de entre el 10 y 20 por ciento de los materiales. De hecho, ellas son las mayores licitadoras de la comunidad autónoma.

FAMP, GAESCO, FADECA y CES acuerdan de manera inmediata la creación de un grupo de trabajo para analizar el decreto autonómico y fijar la hoja de ruta para buscar soluciones a la aplicación de la norma en el ámbito local que favorezca a todas las partes El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha reunido este miércoles, en la sede de la Diputación hispalense, con el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus; el presidente de FADECO, Rafael Sánchez Alcalá; y con el presidente de GAESCO, Francisco Martín González, y el gerente de esta entidad, Juan Aguilera, con la finalidad de analizar la compleja situación económica y social que sufre el sector.

Desde la FAMP hemos mantenido una reunión de urgencia con CES, FADECO y GAESCO para analizar la situación de la subida de materiales, y cómo afecta a la obra pública local. Ayer la Junta anunció la publicación de un decreto que paliará la situación en las obras autonómicas, así como ya lo anunció el Gobierno de España. No obstante, el sector nos transmite su preocupación por la posible parálisis de la obra pública. Creen que el decreto llega tarde y qué no concreta la situación en las obras públicas de carácter provincial y local', ha afirmado Villalobos.

Desde la FAMP hay preocupación en cómo abordarán los ayuntamientos la subida de entre el 10 y 20 por ciento de los materiales. De hecho, las entidades locales son las mayores licitadoras de la comunidad autónoma. Al respecto, 'la FAMP está a la espera de recibir y conocer el decreto autonómico, pero mantiene e insiste que los ayuntamientos no deber ser convidados de piedra, y muestra su preocupación en cómo abordarán los ayuntamientos estas subidas, para unas arcas locales, que en muchos casos ya están maltrechas', ha explicado el presidente.

El asunto más destacado ha sido la problemática existente para empresarios, contratistas y administraciones locales en relación con el incremento generalizado de las materias primas utilizadas para obra pública y, como consecuencia, el aumento de los costes de otros materiales.

Sobre esta cuestión, en la reunión mantenida se ha valorado positivamente que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobara ayer el decreto ley que va a permitir a las administraciones públicas la revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras, aunque se ha subrayado que el ejecutivo autonómico ha retrasado su aprobación demasiado tiempo, concretamente un mes y medio.

Rodríguez Villalobos ha subrayado “los efectos positivos” que la decisión adoptada por la Junta va a tener en las Entidades Locales, al permitir que estas se puedan adherir a la norma andaluza y ha puesto varios ejemplos como, “la disminución de resoluciones de contratos de obra, una reducción importante de litigios entre contratistas y Ayuntamientos, y un mayor porcentaje de ejecución y finalización de los proyectos contratados”.

En el transcurso de la reunión, el presidente de la FAMP ha puesto de manifiesto su preocupación en cuanto a los contratos de suministros, “que en los decretos aprobados por otros Gobiernos autonómicos se han incluido, pero, sin embargo, en la información facilitada ayer por el Gobierno andaluz no se hacía alusión alguna a esta cuestión concreta”.

Y es que durante el año 2021 se ha producido una fuerte subida en el precio de las materias primas, lo que ha provocado unos incrementos en los costes que no se contemplaban en el momento de la licitación de contratos públicos para la ejecución de múltiples proyectos. Esta situación está ocasionando como consecuencia inmediata enormes dificultades a los contratistas para ejecutar con normalidad los contratos adjudicados.

Para la FAMP, la medida excepcional adoptada por el Gobierno de España y complementada ahora por el decreto ley aprobado por la Junta “es justa y necesaria, ya que va a posibilitar un impacto beneficioso para el sector y también para el conjunto de las Administraciones Públicas, incluidas los Ayuntamientos”. El objetivo de esta medida es claro: evitar la paralización de las obras públicas en marcha, muchas de ellas financiadas mediante los fondos del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia y sujetas, por tanto, a unos estrictos plazos de ejecución.

Decisiones de este tipo hacen posible afianzar el proceso de recuperación económica que está viviendo Andalucía y España, en un momento trascendental en el que la ejecución íntegra en tiempo y forma de los Fondos Europeos Next Generation-UE, supondrán un cambio de modelo productivo en nuestro país y la generación de empleo estable y de calidad.

Los contratistas que podrán revisar excepcionalmente los precios de sus contratos de obras formalizados con el sector público serán aquellos que hayan visto aumentados los costes con un impacto relevante en el contrato durante 2021, superior al 5% del importe certificado durante ese ejercicio y hasta un 20% como máximo.

La medida aprobada en Consejo de ministros afecta a los contratos de obras públicas en los que no se contemplaron sistemas de revisión de precios y también a aquellos contratos que sí los incorporaron, pero que o bien no se ha ejecutado en este momento el 20% del contrato o han transcurrido menos de dos años desde su formalización, como así lo recoge la Ley de Contratos del Sector Público.

Rodríguez Villalobos ha manifestado que, “desde la FAMP, en nuestro papel de representación del municipalismo andaluz, vamos a informar al conjunto de Entidades Locales de Andalucía de esta medida, para que se puedan adherir a esta a la mayor brevedad posible, con el objeto de facilitar a los contratistas que tengan en este momento contratos con el sector público local y cumplan los requisitos exigidos en el Real Decreto-ley, la posibilidad de una revisión excepcional de precios, siempre que la Junta de Andalucía apruebe esta norma para el ámbito territorial andaluz”.

Del mismo modo, ha recordado que “la solicitud de revisión de precios en un contrato de obra pública debe hacerla el contratista, que el órgano de contratación será el competente para aprobarla y que la solicitud deberá ir acompañada de la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones aprobadas por el Gobierno”. Finalmente, ha concluido manifestando su apoyo a la decisión aprobada, “que va a compensar a los empresarios, a los subcontratistas en la parte que les corresponda por la parte de obra subcontratada y va a favorecer la finalización de proyectos municipales”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha mostrado “su satisfacción por la puesta en marcha de esta medida, ya que era una necesidad la revisión de precios de las obras contratadas y en ejecución” ante el gran incremento de las principales materias primas utilizadas en su construcción, lo que hacía imposible la viabilidad de las mismas.

“Era imprescindible adoptar mecanismos como los contemplados en el decreto ley de restablecimiento del equilibrio económico de los contratos, permitiendo la aplicación de revisión de precios, así como poner sobre la mesa medidas que hagan viables las obras a futuro para que los proyectos no se vean comprometidos, ni a nivel económico ni en cuanto a plazos”, ha explicado Rus.

Finalmente, el presidente de FADECO, Rafael Sánchez Alcalá; y el presidente de GAESCO, Francisco Martín González, han manifestado su “preocupación” por la necesidad de “actualizar los precios” de las materias primas de los materiales de la construcción ya que “han subido de una forma desmesurada” por la inflación, alertando que las empresas “no pueden asumir estos sobrecostes”.

Ambos han expuesto al presidente de la FAMP que “haga todo lo posible” para que se proceda a la actualización de estos costes en la mayoría de los municipios andaluces, “confiando en que, lo antes posible, podamos articular una serie de medidas que solucionen este problema que asfixia a las empresas del sector”.