El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha pedido hoy un gran acuerdo entre todas las administraciones públicas por el campo andaluz para “poner en marcha” los mecanismos necesarios que resuelvan “de una manera definitiva” los problemas de los trabajadores agrícolas para que no se vean perjudicados por la climatología, la mecanización y las dificultades que tienen las mujeres para acceder a los tajos.

El presidente de la FAMP se ha referido al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), al que considera "un modelo excelente" en cuanto a "colaboración interadministrativa", pues en él participan el Gobierno central, la Junta de Andalucía y las diputaciones con los ayuntamientos. Y esa es la línea de trabajo que debemos tener para “dignificar el mundo rural” y fijar la población en nuestros pueblos, puntualizó.

Villalobos matizó que mientras el anterior Gobierno de España del PP "congeló el PFEA, la Junta de Andalucía ha aumentado la partida "un 17 %" y "para el 2018 financia con 51,86 millones este programa".

El presidente de la FAMP ha defendido la necesidad de “un gran pacto de Estado entre todas las administraciones públicas y el sector” para consensuar una postura común en la negociación de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y para que “Andalucía no se juegue 1.700 millones de euros", ante Bruselas.

Estos datos son muy preocupantes para el sector agropecuario ya que podrían suponer un” recorte considerable" que podría alcanzar el 16% en la PAC, algo que para Rodríguez Villalobos es “un mazazo si tenemos en cuenta que el 50% de la población de Europa vive en el mundo rural".

El presidente de FAMP ha recordado que el sector agrario andaluz supone el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Andalucía y aglutina el 10% del empleo.  Andalucía aporta la cuarta parte de todo el valor de la producción agraria de España. Es la comunidad que más empleo genera, con 300.000 personas ocupadas en 7.000 empresas agroalimentarias; es líder en exportaciones de alimentos y bebidas, con una facturación que en 2017 superó los 11.000 millones de euros. Y tiene una renta agraria que el pasado año ascendió a 9.276 millones.