La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado que para primeros de 2024 se trabajará con el borrador de un nuevo Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) que busca alcanzar “el máximo consenso posible”. Este anuncio lo ha realizado en el transcurso de una jornada, en la que ha estado presente la FAMP, que tuvo lugar este pasado miércoles en Sevilla y con la que se inicia el proceso participativo para la revisión del POTA.

Díaz ha informado de que este primer documento de análisis va a “determinar los retos a los que se enfrenta Andalucía” y servirá de base para el borrador del nuevo plan de ordenación del territorio, cuya redacción comenzará a principios de 2024. La Consejería de Fomento lleva ya meses trabajando en la revisión del POTA, que, ha precisado la consejera, es “un proceso necesario”, ya que el plan de ordenación vigente data de 2006, pero su diagnóstico se remonta a 1999, hace casi 25 años. En este periodo de tiempo, Andalucía ha experimentado numerosas transformaciones que han hecho que el POTA haya quedado completamente obsoleto.

Además, esta revisión completará la renovación del marco jurídico de la Ordenación del Territorio y Urbanismo que ha impulsado el Gobierno andaluz en los últimos años. Rocío Díaz ha mencionado que esta actualización atajará uno de los aspectos más controvertidos del actual POTA, como la incorporación de normas que incidían en las políticas urbanísticas y sectoriales. Una decisión que supuso ha explicado, que “muchos municipios no adaptaran sus instrumentos de planeamiento al POTA, lo que generó una inseguridad jurídica que ha lastrado la ejecución de muchos proyectos y, con ello, el desarrollo de nuestra comunidad”.

La secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez Cuevas, ha participado en esta jornada, resaltando que “es clave para definir el modelo territorial de la Andalucía del siglo XXI; por eso, iniciamos ese proceso, abrimos la participación a todos los andaluces y buscamos su complicidad y sus aportaciones para dotarnos del mejor plan de ordenación del territorio posible”.

En este sentido, ha incidido en que, dada la trascendencia que el plan tiene para el futuro de Andalucía, y del papel que desempeñan los ayuntamientos, se ha decidido “ir más allá de la participación reglada y abrir el debate para que toda la sociedad participe desde el principio y hasta el final del proceso”, incluida la fase más inicial o de diagnóstico y análisis.

Sáez Cuevas ha recordado que, además del trámite de consultas previas, consultas iniciales e información pública, que se llevará a cabo a través del Portal de la Transparencia de la Junta, se va a desarrollar un intenso programa de jornadas, talleres, exposiciones, cuestionarios on line y hasta una campaña a través de las redes sociales. De hecho, se celebrarán jornadas en cada una de las provincias andaluzas.

De igual manera, ha asegurado que “el objetivo es impulsar la participación del mayor número de personas y colectivos” en la definición del nuevo POTA y ha “animado al mundo local” a que aporte y colabore con iniciativas y propuestas para que este nuevo Plan “recoja todas las necesidades y soluciones que precisan las corporaciones locales con un amplio consenso, con un gran acuerdo que beneficie a todos los andaluces”.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha puesto ya en funcionamiento una plataforma web específica a la que se podrá acceder desde hoy. La plataforma digital contendrá toda la información sobre el proceso, permitirá el acceso a cuestionarios online, así como la consulta de todos los documentos que se generen en cada una de las fases de elaboración y tramitación del plan, incluidos el diagnóstico, los estudios específicos y los borradores.

Este proceso contará con la participación y las aportaciones que hagan las administraciones públicas, el municipalismo, los distintos grupos parlamentarios, expertos, universidades, colegios profesionales, organizaciones de empresarios, sindicatos, entidades sociales y la ciudadanía en general.