¿La autonomía municipal distorsionada¿, artículo de Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

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“La autonomía municipal distorsionada”, artículo de Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)

18/09/2017

Es la Constitución la que reconoce autonomía local a los ayuntamientos para la gestión de sus servicios

Desde el principio, el Govern sabe que una de las claves principales para el éxito o fracaso del 1-O estaría en los ayuntamientos y su apoyo o rechazo a la consulta. Y a sumar consistorios a la espiral secesionista ha dedicado el Ejecutivo catalán buena parte de los esfuerzos en su estrategia de ruptura con el Estado español.

Pero en esa carrera hacia ninguna parte en la que muchos ayuntamientos de Cataluña están decididos a favorecer la presencia de urnas el 1 de octubre, es la autonomía municipal la que está distorsionándose para alcanzar la cuadratura del círculo en forma de consulta.

Y me explico. Es la Constitución la que confiere al municipio esa autonomía local que, ahora, muchos ayuntamientos utilizan para arrogarse el derecho de apoyar la consulta colocando urnas. Y aunque la Ley de Bases de Régimen Local establece que el municipio es el cauce directo de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos que son de su inmediato interés, no menos cierto es que tanto la Ley de Bases como la propia autonomía municipal tienen su sustento y encuadre dentro de la norma fundamental del Estado español.

Por tanto, utilizar el municipio para una consulta fuera de la Constitución, como es el 1-O, deslegitima automáticamente esa conducta por parte del Ayuntamiento. Porque cuando una corporación local incurre en desacato a los tribunales de justicia, auxilia a la rebelión contra el orden establecido por la Constitución, o llama a la desobediencia civil contra los poderes legítimos y legales del Estado, ya no está actuando como una corporación de Derecho Público, ni como una administración que sirve con objetividad los intereses de la ciudadanía, ni siquiera como un poder público que merezca la pena llamarse tal.

Muy al contrario, lo que las leyes asignan a los ayuntamientos son unas competencias, siempre de acuerdo con la Constitución. Y es para cumplir estos fines y para la gestión de los servicios públicos municipales para los que la Carta Magna les reconoce autonomía local.

Todo lo que no sea eso, insisto, es distorsionar la esencia misma de esa autonomía y, por tanto, es caer fuera de la ley. Y ahí, al margen de la ley, todos sabemos que solo existe la barbarie.

Por eso, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) respaldamos la legalidad en clave local en torno al 1-O. Una legalidad ante la que no caben presiones a alcaldes ni a alcaldesas por parte del separatismo. Una legalidad que pasa por la lealtad a la Constitución y el respeto a las leyes, que no puede ser violentada en forma de avales a un referéndum ilegítimo e ilegal.

Todos, y los municipalistas de forma muy especial, sabemos que las reglas de las que nos dotamos como Estado en el proceso constituyente del 78 son las que rigen a día de hoy y que, por tanto, cualquier cambio debe ser refrendado por todos los que sellaron aquel pacto de convivencia. Es más, conviene recordar, ahora más que nunca, que en Cataluña, la Constitución fue aprobada por el 80% de los votos válidos emitidos, lo que aportó a la Carta Magna una legitimidad holgadísima en ese territorio.

Por tanto, si la gente de Cataluña otorgó total confianza a la Constitución y lo hizo junto al resto del Estado español, adoptar ahora decisiones unilaterales es dinamitar las reglas del juego.

Y ante dicha tesitura, desde la FAMP nos solidarizamos plenamente con las corporaciones locales catalanas cuyos alcaldes y concejales, al acatar la Constitución y las leyes democráticas, dan cumplimiento al juramento que efectuaron al asumir el cargo. Y, en sentido contrario, repudiamos enérgicamente la conducta de aquellos consistorios que, situándose al margen del Estado de Derecho, dan cobertura a comportamientos sediciosos y anticonstitucionales.

Desde Andalucía, generosa siempre con Cataluña y bien acogida en tantos y tantos municipios de aquella tierra, nos sentimos especialmente comprometidos con ese municipalismo catalán que mantiene el tipo, sostiene la legalidad y apuesta por la pacífica y leal convivencia entre los territorios de España.