Ha pasado ya un año desde que el Tribunal Constitucional declarase contrario a la ley el cobro de la plusvalía municipal en los casos en que la venta de un inmueble generase pérdidas al vendedor.

Y ante esta tesitura, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, ha advertido que “con estas sentencias los ayuntamientos tienen que rascarse el bolsillo y devolver lo indebidamente cobrado, para resarcir legítimamente a sus vecinos y vecinas”.

Ante este problema que “hace temblar las arcas municipales y que aún no tiene una solución definitiva”, Rodríguez Villalobos ha solicitado al Gobierno que "arbitre medidas para compensar a los ayuntamientos por la rebaja en el 20% que supondría la nueva legislación en materia de plusvalías”.

Este impuesto es una fuente de ingresos locales que, en Andalucía, dejó en 2015 un total de 267 millones de euros en las arcas municipales, lo que supuso el 9,6% de la totalidad de las figuras impositivas que aplican los ayuntamientos a sus vecinos. Por lo tanto, una rebaja del 20% supondría una merma en torno a 50 M€ anuales "que deberían ser compensados por parte del Gobierno".

El presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla ha denunciado que "hasta la fecha los ayuntamientos siguen sin tener un referente legal claro que se ajuste a la sentencia del Tribunal Constitucional y que evite el vacío legal y la inseguridad jurídica que supone para la ciudadanía y las corporaciones locales el impuesto de plusvalía cuando se vende a pérdida".

Según la tasadora Tinsa, si la norma se aplicase finalmente en toda España, el número de viviendas sobre las que se podría reclamar la devolución del pago de la plusvalía por haberse vendido a pérdidas estaría en torno a los 550.000 inmuebles. En Andalucía serían 105.300, según la tasadora. Málaga con 35.100 y Sevilla con 18.700 viviendas liderarían el ranking andaluz. “Datos que nos producen respeto y temor cuando las sentencias judiciales empiezan ya a condenar a los ayuntamientos por esos cobros, más sus intereses, sin que exista solución alternativa ninguna por parte del Gobierno central”, apuntó Rodríguez Villalobos.