2-7-21

LA FAMP SE SUMA AL ACUERDO IMPULSADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA SOBRE LA MEJORA DE GESTIÓN EN ANDALUCÍA DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

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El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos y la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Dña. Rocío Ruiz Domínguez, junto con los representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT), D. Ramón Sánchez-Garrido Escudero, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), D. D. Luís Picón Bolaños, la Mesa del Tercer Sector Andalucía, D. Manuel Sánchez Montero, y el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social, D. José Luis Sarasola Sánchez Serrano,  firmaron en el día de ayer en Sevilla un Acuerdo conjunto por el que se muestra el total apoyo a la protección y cobertura de las necesidades sociales que garanticen unas condiciones de vida dignas a todas las personas en Andalucía, como objetivo del Sistema Público establecido en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía de 2016, solicitando medidas que posibiliten una mejora de la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

En esta materia, la labor de los servicios sociales comunitarios de los Ayuntamientos andaluces, configurados como el nivel primario de atención social a la población, es fundamental, y el Gobierno Central les ha encomendado un papel primordial en la gestión para articular esta medida en el territorio. En el Acuerdo se destaca esta cuestión, así como la absoluta necesidad de que se refuerce este servicio público local y se dote con financiación suficiente para garantizar la prestación de esta actividad de gestión que viene a sumarse al gran aumento de carga de trabajo que han tenido que asumir en nuestros Municipios como consecuencia directa de la crisis sanitaria, económica y social provocada por la Covir19, siempre con el objetivo final que igualmente pretende el Ingreso Mínimo Vital: garantizar la cobertura de necesidades básicas de integración social, en colectivos vulnerables o en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

En Andalucía, el refuerzo de los servicios sociales comunitarios es fundamental llevarlo a cabo cuanto antes, y para ello el Acuerdo insiste en la urgencia de que se suscriban por el Ministerio competente los correspondientes Convenios de colaboración que posibiliten la dotación financiera que, unida al refuerzo autonómico que debe venir para la gestión de la Renta Mínima de inserción social, permita a los servicios municipales cumplir las tareas que se le han otorgado para facilitar esta prestación básica que se configura como derecho subjetivo.

De otro lado, en el Acuerdo se ha recordado la necesidad de que se concreten mejor algunos aspectos de la regulación estatal de la gestión encomendada a los servicios sociales comunitarios municipales, sobre todo en lo referente a la emisión de informes o certificaciones relativas a la situación social y de empadronamiento de posibles personas beneficiarias, en aras a clarificar posibles problemas jurídicos que dificulten la gestión. De igual forma, se ha planteado la urgencia en contar con una herramienta de valoración sistemática y objetiva de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que facilite la emisión de informes por parte de los Servicios Sociales Comunitarios de manera homogénea en todo el Estado.

Villalobos considera que “la petición a los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al de Derechos Sociales y Agenda 2030, de que se suscriban cuanto antes los convenios de colaboración que permitan a los Gobiernos Locales disponer de financiación suficiente y adicional que permita un refuerzo de medios y recursos materiales y humanos para afrontar las nuevas tareas encomendadas a los Servicios Sociales Comunitarios en la gestión del IMV, es urgente e imprescindible, y conectada con la necesidad de impulsar desde la Junta de Andalucía el refuerzo efectiva de estos servicios municipales esenciales, tanto en gestión de la REMISA como en general para atender múltiples nuevas tareas que se les han ido encomendado a resultas de la crisis sanitaria que vivimos en primera línea hace ya más de año y medio, con la más que conocida situación de sobresaturación de estos servicios y de las personas profesionales que lo prestan”.

En el Acuerdo igualmente se solicita a los Ministerios competentes la creación de una herramienta, homologada para todo el Estado, que permita una pasarela telemática ágil y eficiente que facilite la suficiente interoperabilidad entre el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, para posibilitar de forma rápida y correcta que las personas perceptoras de los diferentes Sistemas de Rentas de cada Comunidad Autónoma puedan ser beneficiarias del IMV, en caso de corresponderles.

Todo ello ofreciendo desde el municipalismo andaluz, tanto al Estado como a la Junta de Andalucía, una acción colaboradora y de co-gobernanza que permita ubicar adecuadamente el cuadro de competencias y la fijación estable de instrumentos legales de financiación que sean necesarios para el mejor desarrollo de estas prestaciones básicas para la ciudadanía.